AL ILTMo SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en LA PROVINCIA
DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - (C/
XXXXXXXXX, C.P. XXXX, CIUDAD XXXX).
D. ____________, con D.N.I. ___________, y Dª. _____________,
con D.N.I. _________, teléfonos ___________, respectivamente, con correo
electrónico __________, y domiciliados en C/ ______________, C.P. _________, actuando
en su propio nombre y también en representación de su hijo menor de edad __________________ (nacido el día ___________),
y con idéntico domicilio, ante ese organismo comparecen y, como mejor proceda
en derecho, E X P O N E N :
Que, habiendo solicitado plaza el ____
de marzo de 2020, como centro prioritario, para nuestro hijo de 3 años en el “Colegio ___________” sito en C/ ___________,
C.P. _____ de la ciudad de ______, para 3
años en el 2º ciclo de Educación
Infantil (curso 2020/2021), el pasado mes junio de 2020 se ha publicado en
el tablón de anuncios del centro la resolución del procedimiento, a resultas de
la cual quedan admitidos 50 alumnos/as y no se admiten otros 20 solicitantes que
solicitaron el citado colegio como prioritario (entre ellos, nuestro hijo, ______________,
que queda con 17 puntos en 5º lugar de la “lista de espera”).
Que, dentro del plazo de un mes
establecido al efecto, y conforme a lo dispuesto en el art. 48.2 del Decreto 21/2020, de 17 de
febrero (B.O.J.A. núm. 34 de 19-2-2020) y demás normativa aplicable (arts. 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, etc…), mediante el presente
escrito interponemos RECLAMACIÓN
frente a la decisión o resolución del procedimiento de admisión del alumnado
para el curso 2020/21 para alumnos/as de 3 años de 2º ciclo de Educación
Infantil (E.I.) referida al “Colegio ________________”,
citada más arriba, por entenderla, no ajustada a derecho, según se explica en
los siguientes
H
E C H O S :
PRIMERO.- Que los que suscribimos este escrito
(D. ____________ y Dª. _____________) residimos en C/ __________ de la ciudad
de ______, es decir, dentro del área de influencia del “Colegio ________________”.
SEGUNDO.- Que en procedimiento ordinario, hemos
solicitado en marzo de 2020 la escolarización de nuestro hijo ____________, como
centro prioritario, en el “Colegio ________________” para el curso 2020/21 (3
años), en 2º ciclo de educación infantil.
TERCERO.- Que en las listas “definitivas” publicadas
el pasado mes de junio de 2020, tras el periodo de alegaciones, aparecen 50
admitidos y 20 no admitidos, entre éstos últimos se encuentra nuestro hijo ___________,
que queda con 17 puntos en 5º lugar de la “lista de espera”.
CUARTO.- Que, respecto a los demás solicitantes, aparte de otras
irregularidades, sospechamos que existen
varios menores cuyos domicilios declarados podrían no corresponder con los
reales, y, por tanto, deberían comprobarse (p.e. recabando información
a Agencia Tributaria estatal -A.E.A.T.- acerca del domicilio declarado a
efectos de I.R.P.F., solicitando la colaboración de la Policía Local o
Autonómica, empresas suministradoras de agua y electricidad, etc…) y proceder,
en su caso, conforme dispone el art. 46 del Decreto 41/2020 (es decir, privando
de los puntos indebidamente asignados, sin perjuicio de otras responsabilidades
que en su caso procedan, debiéndose comunicar los hechos al Ministerio Fiscal y
al Juzgado de Instrucción competente para que adopten las medidas oportunas en
relación con las responsabilidades en las que la persona solicitante hubiera
podido incurrir).
En concreto, hay indicios de que los
siguientes solicitantes residen presuntamente en domicilios distintos a los
declarados, fuera del área de influencia, debiendo por tanto modificarse las
puntuaciones asignadas si se comprueba que han cometido fraude:
A) La
menor _____________
(hija de D. __________ y Dª __________). Creemos que no le corresponden puntos ni por domicilio
ni por renta, por las razones que expresamos a continuación.
Según el expediente, madre e hija
están empadronadas junto con su abuela (Dª __________) en la dirección que
consta en solicitud, C/ __________, 18, de la ciudad de ___________, desde
29/01/2020 junto a la abuela materna y sin que consta allí empadronado el
padre. Además, la niña ha hecho el primer ciclo de infantil en una
escuela infantil en XXXXXXXXXXXXXX, pueblo cercano (es raro que el 1º ciclo
lo haga en una localidad y el 2º en otra a menos que realmente no vivan aquí).
Se adjunta como DOCUMENTO Nº 1
informe elaborado por “Detectives XXXX” donde comprueba que el domicilio
declarado no es el real.
A mayor abundamiento, la madre es
propietaria de una vivienda en XXXXXXXXX y consta un teléfono fijo a su
nombre en C/ XXXXXXXXX de la ciudad de XXXXXXX (se acompaña como DOCUMENTO
Nº 2 y Nº 3 justificante de estos extremos).
Por estas razones puede ser un posible fraude en cuanto al domicilio
(ya que probablemente reside realmente en la C/ XXXXXXXXX).
Además, ni la abuela (que vive con
ellos según el Padrón) ni el padre (que no consta ni divorciado ni mucho menos
que haya monoparentalidad) firman para autorizar a recabar los datos fiscales
de I.R.P.F., a pesar de lo cual reciben
puntos por renta, que no procederían.
Según informe adjunto de “Detectives XXXXX”
(que recaba información publicada en Internet), es un probable caso de fraude en
domicilio. El detective concluye señalando como el domicilio más probable de la
familia el de C/ XXXXX de XXXXXXXX.
B) El
menor _____________
(hija de Dª XXXXXXXXXXXX, monoparental). Creemos que no le corresponden puntos por domicilio,
por las razones que expresamos a continuación.
Declara en su solicitud residir en C/ XXXXX
nº23 en ________________. No consta en el expediente certificado de
empadronamiento que certifique ni fechas ni habitantes en ese domicilio (su calle
entra en la zona 1 del municipio justo hasta el numero en el que dicen que
viven, el numero siguiente entra en otro municipio).
Al parecer en esa casa solo vive una
señora mayor, pero no esta familia. Puede ser un posible fraude en cuanto al domicilio.
Aparte, no queda clara la
monoparentalidad, ya que no se acredita que exista orden de alejamiento.
C) La
menor _____________
(hija de D. __________ y Dª __________). Creemos que no le corresponden puntos ni por domicilio
ni por renta, por las razones que expresamos a continuación. Creemos que no le corresponden puntos ni por domicilio
ni por renta ni por trabajo de los padres, por las razones que expresamos a
continuación.
En su solicitud dicen residir en C/ ____________
nº 107 en ________________, pero no adjuntan histórico de empadronamiento.
Reciben 2 puntos por renta, sin
embargo, solo firma la madre para la consulta de datos fiscales (lo que
impide que se puedan recabar datos del padre y por tanto no procede obtengan
puntos por I.R.P.F.).
Además, obtienen 2 puntos por ambos
guardadores legales realizando actividad laboral remunerada pero la madre no
cumple con las 20 horas semanales que según la norma son necesarias para
que puntúe.
Entendemos que debe investigarse y, de
confirmarse las sospechas, privarles de puntos por domicilio, renta y trabajo
de los padres.
D) La
menor _____________
(hija de D. __________ y Dª __________). Creemos que no le corresponden puntos ni por domicilio
ni por renta, por las razones que expresamos a continuación. Creemos que no le corresponden puntos por domicilio,
por las razones que expresamos a continuación.
Dicen residir en C/ XXXXX nº 8 en ________________.
Sin embargo, en el Registro de la propiedad no aparecen como propietarios de ninguna
vivienda allí, y sin embargo, el padre si que es dueño de una vivienda en C/ XXXXX,
del mismo municipio, pero en zona 2 (hipotecada, lo que hace presumir que debe
ser su vivienda habitual).
Se adjuntan como DOCUMENTOS Nº 4 y
Nº 5 notas simples que acreditan estos extremos, recabadas del Registro de
la Propiedad.
Procede, caso de confirmarse las
sospechas de fraude domiciliario, privarle de los puntos asignados por este
motivo.
E) La
menor _____________
(hija de D. __________ y Dª __________). Creemos que no le corresponden puntos ni por domicilio
ni por renta, por las razones que expresamos a continuación. Creemos que no le corresponden puntos por domicilio,
por las razones que expresamos a continuación.
Manifiesta residir en C/ XXXXXXXXX nº
65, de la ciudad de ________________. Sin embargo, consultado el Registro de la
Propiedad, no constan propiedades a nombre de dicha familia en todo el
municipio.
La casa de la dirección indicada
aparece abandonada, no parece que residan allí.
F) La
menor _____________
(hija de D. __________ y Dª __________). Creemos que no le corresponden puntos ni por domicilio
ni por renta, por las razones que expresamos a continuación. Creemos que no le corresponden puntos ni por domicilio
ni por renta, por las razones que expresamos a continuación.
La dirección de la solicitud es en C/ XXXXXXXXXXX
en ________________, sin embargo, en esa dirección solo constan empadronados el
padre y la niña, que ha entrado en el colegio, desde marzo de 2020, pero no la
madre ni una hija menor. El precio de las viviendas en esa zona ronda los
350.000 €, según idealista.com.
En Registro de la Propiedad, además,
consta una segunda vivienda a nombre del padre en Avda. XXXXXXXXX en ________________.
Es posible que realmente residan en C/
XXXXXXXXX, sin embargo, no parece lógico que reciban 4 puntos con renta cuando
aparentan tener un patrimonio importante (2 viviendas a su nombre).
Aparte, la madre (que al parecer
percibe ingresos, al menos en el ejercicio fiscal 2018 que es el que debe
tenerse en cuenta a estos efectos) no firma en la solicitud autorizando que se
consulten en A.E.A.T. sus datos fiscales (con lo que no cabe asignar puntos por
este motivo).
Creemos que el domicilio real puede
comprobarse verificando el consumo de luz y agua de ambos domicilios.
(Pedimos disculpas a aquellos que
erróneamente hayamos incluido en la relación anterior si hemos sospechado de
alguno de ellos sin motivo).
Hay que tener en cuenta que el art. 46.3
del Decreto 21/2020 señala que “en el
caso de que los datos que figuren en la solicitud o en la documentación que la
persona interesada adjunte para la acreditación de aquellos criterios que
pretende que le sean tenidos en cuenta en el procedimiento de admisión no se
ajusten a las circunstancias reales del alumno o alumna, éste perderá todos los
derechos de prioridad que puedan corresponderle por los datos referidos”).
QUINTO.- Que, por todo ello, se interpone en
tiempo y forma la presente reclamación/recurso, solicitando la anulación o
declaración de nulidad de la resolución del procedimiento de admisión del
alumnado para el curso 2020/21 para alumnos/as de 3 años referida al “Colegio ________________”
(2º ciclo de Educación Infantil), solicitándose igualmente la suspensión del
acto administrativo impugnado, al objeto de evitar perjuicios de difícil o
imposible reparación.
A lo anterior resultan de aplicación
los siguientes
F
U N D A M E N T O S D E D E R E C H O
:
I.- Por lo que se refiere a la reclamación que se efectúa frente a la
decisión de la dirección del “C.D.P. Colegio ________________”, tiene su amparo
legal en el art. 48.2 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que
se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial,
educación secundaria obligatoria y bachillerato, que establece el plazo de
presentación de un mes y luego tres meses para resolverlo (de modo análogo a
como se establece en los casos de recurso de alzada frente a resoluciones en
materia de admisión del alumnado adoptadas por centros docentes de titularidad
pública, en estos casos regulados en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el art. 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía).
II.- Respecto al procedimiento de admisión de alumnos en
colegios públicos o privados concertados viene regulado en el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, así como en la Orden de 20 de febrero de
2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial,
educación secundaria obligatoria y bachillerato. También son aquí de
aplicación la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Así, el precitado Decreto 21/2020, establece las siguientes puntuaciones:
a) Por
hermanos/as en el centro, 20 puntos (art. 21).
b) Por proximidad
del domicilio o lugar de trabajo (solo puntua una de las dos circunstancias),
14 ó 10 puntos dependiendo de que el domicilio se encuentre en el área de
influencia del centro o en limítrofe (art. 22.1) y 10 puntos ó 6 puntos
dependiendo de que el lugar de trabajo esté en el área de influencia o en una
limítrofe (art. 22.2).
c) Por renta
familiar, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, ó 0,5 puntos en función de los
ingresos per capita de la unidad familiar (art. 23).
d) Por
discapacidad o trastorno del desarrollo, entre 3 y 4 puntos en el caso del
alumno (art. 24.1), entre 2 y 3 puntos si es el padre, madre o tutor (art. 24.2)
y 0,5 puntos si se trata de un hermano/a (art. 24.3) con un máximo de 2 puntos.
e) Por familia
numerosa o con 2 hijos o monoparental, entre 2 y 2,5 puntos por familia
numerosa (art. 25.1), entre 2,5 y 3 si es numerosa y además monoparental (art.
25.2) y 1 punto cuando tenga un hermano.
f) Por trabajar
los padres, 2 puntos (art. 26).
g) Por matricula
de primer ciclo de infantial, 1 punto (art. 27).
Además de lo
anterior, tienen prioridad aquellos hijos/as de trabajadores del centro escolar
(“los hijos e hijas cuyo padre, madre,
tutor o guardador tenga su puesto de trabajo habitual en el centro docente
solicitado tendrán prioridad en la admisión en dicho centro”), conforme al
art. 20.
Conforme al art. 29 “la
puntuación total que obtengan los alumnos o alumnas, en aplicación del baremo establecido
en los artículos 21 al 28, decidirá el orden de admisión, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 20 respecto de la prioridad en la admisión del alumnado … En
caso de empate, se dilucidará el mismo mediante la selección de aquellos alumnos
y alumnas que obtengan mayor puntuación, aplicando uno a uno y con carácter excluyente
los criterios que se exponen a continuación en el siguiente orden: a) Mayor
puntuación obtenida en el apartado de hermanos o hermanas matriculados en el
centro. b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del domicilio
familiar. c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del lugar
de trabajo. d) Mayor puntuación obtenida en el apartado de discapacidad o
trastorno en el desarrollo en el alumno o alumna. e) Mayor puntuación obtenida
en el apartado de discapacidad en alguno de los tutores o guardadores legales
del alumno o alumna. f) Mayor puntuación obtenida en el apartado de
discapacidad en los hermanos o hermanas del alumno o alumna o menor en
acogimiento o guarda en la misma unidad familiar. g) Mayor puntuación obtenida
en el apartado de renta per cápita anual de la unidad familiar. h) Mayor
puntuación obtenida en el apartado de familia numerosa, familia monoparental o
familia en la que concurran ambas condiciones. i) Guardadores legales que
realizan una actividad laboral o profesional remunerada. j) Estar matriculado
en el primer ciclo de la educación infantil en un centro autorizado para ello. k)
Por pertenecer a una familia no numerosa ni monoparental en la que tenga un
único hermano o hermana … Si una vez aplicado lo recogido en los apartados
anteriores aún se mantuviera el empate, éste se resolverá conforme a lo
dispuesto en el artículo 30” (es decir, aplicando el sorteo al que nos
referimos a continuación).
Respecto al sorteo, el art.
30 establece que “La persona titular de la Dirección General competente en materia
de escolarización del alumnado convocará, anualmente, un sorteo público para
resolver las posibles situaciones de empate que subsistan tras la aplicación de
los criterios de prioridad regulados en el artículo 29, mediante una resolución
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 2. El sorteo
público se desarrollará conforme a las siguientes reglas: a) Se extraerán
aleatoriamente cuatro bolas de un bombo que contenga diez, numeradas del 0 al
9. Antes de proceder a cada extracción se volverá a introducir, en su caso, la
bola extraída con anterioridad. b) El resultado del sorteo se obtendrá
dividiendo entre diez mil el número que se forma al colocar de izquierda a
derecha, y en el mismo orden de extracción, las cifras a las que se refiere el
párrafo anterior. ”.
Continua el art. 30.3 diciendo que “cada vez que sea necesario aplicar el
resultado del sorteo se elaborará una relación ordenada alfabéticamente con los
alumnos o alumnas que están en situación de empate y se le asignará a cada uno
de ellos correlativamente un número natural, comenzando por el 1 y terminando
por el último de las solicitudes empatadas”. Acto seguido, “se determinará el número natural que
resulta al ignorar las cifras decimales de aquél que se obtiene sumando uno al
producto del resultado del sorteo por el número total de solicitudes empatadas”
y, por último, “las vacantes se otorgarán comenzando por la solicitud de la
relación a la que se refiere el apartado 3, correspondiente con el número que
se determine conforme a lo dispuesto en el apartado 4 y continuando, hasta
agotar las plazas vacantes, por aquellas solicitudes a las que corresponden los
siguientes números según el orden creciente de la serie numérica... se
considerará que el número 1 es el siguiente al número total de solicitudes
empatadas”.
El número resultante del citado
sorteo, para el curso 2020/21, ha sido el 0,9246, que será por tanto el que
habrá de aplicarse para dirimir los empates que se produzcan durante el proceso
de escolarización para el presente curso.
En el caso que nos ocupa, ha habido
_____ solicitantes empatados a _____ puntos (por domicilio, se entiende),
multiplicando dicha cifra por 0,9246 resulta que obtienen plaza a partir del _____
en adelante, quedando la recurrente en el ____º de la “lista de espera”.
En cuanto a los HERMANOS, en el centro
(que, al parecer, los tienen varios de los solicitantes), el art. 8 de la Orden
de 20-2-2020 dice que “la existencia de
hermanos o hermanas matriculados en el centro docente o en los centros docentes
adscritos se acreditará mediante certificación emitida por el sistema de información
Séneca. Corresponde a la persona que ejerce la dirección del centro docente público
o a la persona representante de la titularidad del centro privado concertado
laincorporación de la citada certificación al expediente del procedimiento de
admisión”. Quiere esto decir que no cabe otorgar puntuación alguna a los
hermanos de alumnos/as ya matriculados sin incorporar al expediente esa
certificación acreditativa de dicha circunstancia.
Respecto a los DOMICILIOS,
ya se ha dicho que hay indicios para pensar que hasta 8 solicitantes pueden
haber cometido fraude (los menores XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX y XXXXXXXXXX).
Los domicilios de padre, madre e
hijos/as, deben concordar, ya que conforme al art. 69 del Código Civil, “se presume, salvo prueba en contrario, que
los cónyuges viven juntos”, y según los arts. 154 y ss. los hijos deben
vivir con los padres, y por tanto sin previa separación no es admisible un
domicilio del hijo distinto del del padre o la madre. Por tanto, deben
investigarse y aclararse aquellos casos en los que el empadronamiento de padre,
madre e hijo/a no coinciden.
Establece el art. 9 de la Orden de
20-2-2020 respecto a la “acreditación del
domicilio familiar” que “información
que se precise para la acreditación del domicilio familiar será suministrada
directamente a la Consejería competente en materia de educación por el Instituto
Nacional de Estadística, a través de medios informáticos o telemáticos, salvo que
la persona que suscribe la solicitud se oponga a ello, en cuyo caso deberá
aportar la documentación a que se refiere el apartado 2”.
Es
decir, el empadronamiento otorga a estos efectos una presunción iuris tantum de residencia de la familia
en un determinado lugar, presunción que lógicamente puede destruirse por prueba
en contrario, que es lo que se pretende en este caso. Así, el ya citado
art. 77.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre “los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración
se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil”.
En otros casos de escolarización, los
órganos jurisdiccionales han admitido como pruebas válidas para acreditar el
domicilio familiar (suficientes para destruir la presunción de veracidad que
otorga el Padrón) los informes emitidos por la Policía Local o Autonómica o los
contratos de suministro eléctrico y de agua suscritos con “Endesa” y “FCC”,
respectivamente (véase, p.e., la Sentencia
Núm. 513/12 de 25 de septiembre de 2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Almería, recurso
787/10), o los informes de detectives elaborados ad hoc.
Como señala el T.S.J. de Andalucía,
sede de Granada (Sala C.A.) en Sentencia
de 20 de junio de 2011 (rec. 2.340/07,
fto. jco. 5º), “en orden a lo decidido en la instancia
respecto a la baremación llevada a cabo atendiendo al elemento "domicilio
familiar", la Sala no puede sino mostrar su conformidad con lo decidido
por el Juzgador de instancia, que puso de manifiesto las aparentes irregularidades
producidas en el proceso, mediante la alegación de "un a modo de domicilio
ficticio" - creado ad hoc para el procedimiento de selección, a través del
acomodaticio empadronamiento en el domicilio de un familiar o conocido,
distinto del real-. Y ello en atención al sólido razonamiento mantenido por el
Juez, que se muestra irreprochable, en base al conjunto probatorio aportado,
que fué convenientemente sopesado; y basamentado en los concretos desajustes
que se aprecian, y muy especialmente -para un supuesto concreto- en los
informes de la Policía Local de las localidades afectadas. No pudiendo
ignorarse, a estas alturas del razonamiento, que es deber insoslayable de la
Administración, el de velar por la pureza y legalidad de los procedimientos y expedientes
que instruya -en este caso el de escolarización
de menores, en una parcela especialmente sensible para la comunidad-
llevando a cabo para ello las necesarias investigaciones y comprobaciones”.
En cuanto al LUGAR DE TRABAJO y la
ACTIVIDAD LABORAL (art. 10), “la
información que se precise para la acreditación del lugar de trabajo, en el
caso de que la actividad laboral se realice por cuenta ajena, será suministrada
directamente a la Consejería competente en materia de educación por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutualidad correspondiente, a
través de medios informáticos o telemáticos, salvo que la persona que suscribe
la solicitud se oponga a ello, en cuyo caso deberá aportar el informe de
situación actual de la persona cuyo lugar de trabajo va a ser tenido en
consideración. Asimismo, deberá aportarse una certificación expedida al efecto
por la persona titular de la empresa o por la persona responsable de personal
de la misma que deberá contener el domicilio del lugar de trabajo y el número
de horas de trabajo que desarrolla en dicho domicilio”. Asimismo, “la información que se precise, en el caso de
que se desarrolle la actividad laboral por cuenta propia, será suministrada
directamente a la Consejería competente en materia de educación por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, por los órganos competentes
de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra, a
través de medios informáticos o telemáticos, salvo que la persona que suscribe
la solicitud se oponga a ello, en cuyo caso deberá aportar una certificación
acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y una
declaración responsable de la persona cuyo lugar de trabajo va a ser tenido en
consideración sobre la vigencia de la misma”.
Respecto a la RENTA (art. 11), “la información de carácter tributario que se
precise para la acreditación de la renta anual de la unidad familiar, así como
del patrimonio de sus miembros, será suministrada directamente a la Consejería
competente en materia de educación por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o, en su caso, por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma
del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra, y por la Dirección General
del Catastro, a través de medios informáticos o telemáticos. A efectos de la
valoración del criterio de renta anual de la unidad familiar, todas las
personas mayores de dieciséis años de la unidad familiar a la que pertenecía el
alumno o alumna a fecha 31 de diciembre del ejercicio fiscal al que se refiere
el artículo 13.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, deberán declarar
responsablemente, en la solicitud de admisión, que cumplen sus obligaciones
tributarias, así como autorizar expresamente para que la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o, en su caso, los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del
País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra, suministren la información
necesaria a la Consejería competente en materia de educación”.
Ha de considerarse la suma de base
imponible general y del ahorro correspondiente al ejercicio 2018, y el IPREM a
tener en cuenta es vigente ese año, y respecto a la unidad familiar, viene
definida en el art. 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del I.R.P.F., y
los miembros que integren la unidad familiar deben todos residir en el mismo
domicilio declarado como residencia habitual del alumno/a.
En cuanto a la DISCAPACIDAD
(art. 12) efectos de acreditación del criterio de discapacidad o trastorno en
el desarrollo “la Consejería competente
en materia de educación recabará la información necesaria de los registros
administrativos correspondientes, salvo que las personas mayores de edad de la
unidad familiar del alumno o alumna que se encuentren en esta situación se
opongan a ello, en cuyo caso deberá aportarse la documentación a que se refiere
el apartado 2. En el caso de alumnos o alumnas menores de edad, o mayores de
edad sujetos a patria potestad prorrogada o tutela, serán sus padres, madres,
tutores o guardadores legales los que podrán oponerse a ello”.
En relación a las FAMILIAS NUMEROSAS (art.
13), “a efectos de acreditación del
criterio de que el alumno o alumna pertenezca a una familia con la condición de
numerosa, la Consejería competente en materia de educación recabará la información
necesaria a la Consejería competente en la materia, salvo que la persona que
suscribe la solicitud se oponga a ello, en cuyo caso deberá aportar la
documentación acreditativa a que se refiere el apartado 2”.
Respecto a las FAMILIAS MONOPARENTALES
(art. 14), “A efectos de la acreditación
de la circunstancia de que la patria potestad del alumno o alumna está ejercida
por una sola persona, la Consejería competente en materia de educación recabará
la información necesaria de los registros administrativos correspondientes,
salvo que la persona solicitante se oponga a ello, en cuyo caso deberá aportarse
la documentación a que se refiere el apartado 2”. Es decir, no basta
divorcio o separación, es preciso que se haya retirado la patria potestad a uno
de los progenitores, la monoparentalidad no se da por el solo hecho del
divorcio o separación de los padres y la convivencia de los hijos con uno solo
de los cónyuges, es preciso que por orden judicial se haya retirado al otro la
patria potestad o se haya dictado orden de alejamiento.
Y en cuanto a estar MATRICULADO EN 1º
CICLO DE INFANTIL (art. 15), “la persona
que ejerce la dirección del centro docente público o la persona representante
de la titularidad del centro docente privado concertado donde el alumno o la
alumna ha solicitado la plaza incorporará al expediente del procedimiento de
admisión la correspondiente certificación emitida por el sistema de información
Séneca”.
III.- Las comprobaciones que se solicitan en el otrosi segundo de este
escrito (principalmente, respecto a los domicilios), se sustentan en lo
previsto en el art. 84.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
que señala que “las Administraciones
educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias administrativas
para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados y centros
aporten en el proceso de admisión del alumnado” (igualmente la D.A. 1ª.4
del Decreto 21/2020 establece que “la
Consejería competente en materia de educación podrá solicitar la colaboración
de otras Administraciones públicas para garantizar la autenticidad de los datos
que las personas interesadas y los centros aporten en el procedimiento de
admisión del alumnado”).
Por otro lado, según el art. 77 y ss.
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre “los
hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en Derecho” y “cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por
los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del
mismo acordará la apertura de un período de prueba … a fin de que puedan
practicarse cuantas juzgue pertinentes” teniendo en cuenta que “el instructor del procedimiento sólo podrá
rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente
improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada”.
Vistas las irregularidades detectadas
y señaladas en los hechos de este escrito, más lo que resulte de las
comprobaciones que se solicitan de domicilios y demás circunstancias declaradas
por los solicitantes, procede llevar a cabo una nueva baremación de todas las
solicitudes, revisar las puntaciones asignadas y, por ende, la lista de alumnos
admitidos y no admitidos, teniendo en cuenta las consideraciones reseñadas más
arriba.
IV.- Finalmente, en cuanto a la suspensión del acto impugnado que se
solicita, viene prevista en el art. 117 de la ya citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre, que dispone que “el órgano a
quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente
razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la
suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia
inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del
recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las
siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación. ... 3. La ejecución del acto impugnado se
entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de
suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración
u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa
resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.
En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4
segundo párrafo, de esta Ley. … La suspensión se prolongará después de agotada
la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado,
exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía
contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso
contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del
proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente
pronunciamiento judicial sobre la solicitud”.
Parece evidente en este caso que de no
suspenderse el acto recurrido (y, en consecuencia, de no escolarizarse nuestro
hijo en el Colegio situado en su zona), los perjuicios ocasionados serían de imposible
reparación. Dicha suspensión implica, no dejar sin efecto la resolución que
admite en el centro a los/as 50 alumnos/as restantes, sino admitir
cautelarmente en el “Colegio ________________” a nuestro hijo, permitiéndole
matricularse para el curso 2020/21 en 2ª ciclo de Educación Infantil entretanto
se resuelve la presente reclamación y el recurso contencioso-administrativo
posterior, en su caso.
Como señala la Sentencia de 21 de febrero de 2000 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, a su vez concordante con otra del mismo órgano de 27 de
diciembre de 1999, en un caso similar a este, “es evidente que, de no suspenderse el acto, la situación jurídica
derivada de la misma en orden a la exclusión de la hija de los recurrentes del
listado de admitidos en el Colegio, sería irreversible, de tal modo que la
sentencia que se dicte, si fuera favorable, sería ineficaz al resultar
materialmente imposible su escolarización en el Colegio elegido para el
presente año … entiende la Sala que no se causaría una perturbación grave de
los intereses generales por el hecho de que la clase se encuentre con un alumno
más de los reglamentariamente establecidos”.
En conclusión, la adopción de la
medida cautelar que se solicita implica que se permita a nuestro hijo
matricularse en el “Colegio ________________” mientras se resuelve ésta reclamación
(o el contencioso-administrativo posterior, en su caso), lo cual no causa
perjuicio alguno a los intereses generales ni contraviene norma alguna, ya que
el art. 5 del Decreto 21/2020 permite a la Consejería incrementar hasta en un
10% el número máximo de alumnos por aula (que es de 25 en educación infantil),
llegando hasta los 27,5 por aula (y el art. 2 del Real Decreto-ley 14/2012, de
20 de abril dice que puede ser incluso de hasta el 20% en algunos casos) con lo
que acceder a la suspensión que se pide únicamente implicaría que el centro
tendría durante el curso 2014/15 en lugar de 3 aulas con 25 alumnos cada una
(cual resulta de la resolución impugnada en esta alzada), 2 aulas con 25 y una
tercera con 26 (en la que se integraría nuestro hijo). Por el contrario, de no
accederse a la suspensión que se pide, de estimarse luego el recurso, los
perjuicios para nosotros y, lo que es más importante, para nuestro hijo, serían
considerables, habida cuenta que una estimación posterior de la impugnación (ya
sea en vía administrativa o en sede judicial), conllevaría para la menor un
desasosiego importante, ya que en lugar de empezar el curso en septiembre con
normalidad, tendría que integrarse en la clase meses después, ya iniciado el
curso 2020/21, con el posible riesgo de ser objeto de comentarios por parte de
compañeros y padres por el solo motivo de haber ejercitado su derecho a
recurrir una resolución que considera contraria a derecho.
En base a lo expuesto,
S
O L I C I T A N :
Se tenga por presentado éste escrito y
sus documentos acompañantes y, previos los trámites oportunos, se tenga por
interpuesta RECLAMACIÓN frente a la decisión o resolución del procedimiento de
admisión del alumnado para el curso 2020/21 para alumnos/as de 3 años (2º ciclo
de educación infantil) referida al “Colegio ________________” publicada en junio
de 2020 en el tablón de anuncios de dicho centro, y, previos los trámites
oportunos, sea anulada aquella o declarada nula, dictándose en su lugar otra
acorde con los argumentos fácticos y jurídicos contenidos en este escrito,
rebaremando a los 8 solicitantes detallados más arriba que a nuestro entender
pueden haber cometido fraude, elaborando una nueva lista de admitidos aplicando
el resultado del sorteo e incluyendo a nuestro hijo en el listado de alumnos
admitidos, a resultas de todo ello.
OTROSÍ
DICEN: Que, como se ha señalado anteriormente, la ejecución de
la resolución podría ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación,
por lo que procede su suspensión, lo que implica la matriculación inmediata de nuestra
hija en el “Colegio ________________” para el próximo curso 2020/21 en 2º ciclo
de Educación Infantil (3 años), y ello por las razones arriba expresadas.
NUEVAMENTE
SOLICITAN: Se acuerde, conforme al art. 117 de la Ley 39/2015, la
SUSPENSIÓN de la ejecución de la resolución impugnada, hasta tanto se resuelve la
presente reclamación (o el contencioso-administrativo posterior, en su caso),
permitiéndosele a nuestro hijo (_________________) matricularse en el Colegio ________________
para iniciar el curso 2020/21 con normalidad en dicho centro.
SEGUNDO
OTROSÍ DECIMOS: Que, conforme a los art. 77 y ss. de la Ley 39/2015 y
demás normativa aplicable, se solicita la práctica de las pruebas siguientes:
a) Se requiera a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (A.E.A.T.) certifique cual es el domicilio declarado
en las declaraciones de I.R.P.F. presentada ahora en 2020, correspondientes al
ejercicio 2019 por los padres de los menores los menores XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX,
XXXXX y XXXXXXXXXX (los D.N.I.s y nombres de padres y madres constan en el
expediente).
b) Se equiera a la Policía Local (tanto
de Mairena del ________________ como de Coria del Rio y Puebla del Río) o
Autonómica se persone en los domicilios declarados por los menores XXXXXXXX, XXXXXXXX,
XXXXXXXXX, XXXXX y XXXXXXXXXX y compruebe si efectivamente viven allí, y se
personen asimismo en los domicilios que creemos pueden ser los reales (véase
hecho 4º de este escrito donde se detallan).
d) Se requiera a la empresa “Endesa” y “FCC”
expidan certificado acreditativo de los contratos y direcciones de suministro
vigentes a nombre de los padres de los los menores XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX,
XXXXX y XXXXXXXXXX, al objeto de comprobar si coinciden con los declarados en las
respectivas solicitudes.
NUEVAMENTE
SOLICITAMOS: Se admitan las pruebas propuestas, practicándose las
mismas, conforme a los arts. 84.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y la D.A. 1ª del Decreto 40/2011.
En ________________, a 20 de julio de
2020.
Fdo. D. XXXXXXXXXXXXXXX, y Dª. XXXXXXXXXXXXXX,
en su propio nombre y también en representación de su hijo menor de edad XXXXXXXXXXXXX
